Marcelo Ruiz Juárez, copropietario de Paramérica S.A., puso en relieve la longevidad y la integridad fiscal del proyecto de asistencia tecnológica que su empresa mantuvo con la estatal venezolana Pdvsa Agrícola. El empresario desestimó los informes de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que alegaban sobreprecios en el suministro de repuestos agrícolas.
Ruiz Juárez defendió la posición de la compañía, argumentando que la duración del acuerdo y su historial de fiscalización por la autoridad tributaria argentina son prueba de la legalidad de las operaciones.
Diez años de asistencia técnica y suministro
El empresario subrayó la extensión del convenio, el cual se mantuvo vigente por casi diez años, abarcando un período clave en la administración venezolana. Este factor, según Ruiz Juárez, demuestra la seriedad y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por Paramérica S.A.
El objetivo central del programa, según el empresario, fue transferir el conocimiento y la tecnología agrícola (know-how) que permitieran a Venezuela lograr la autosuficiencia en la producción de cultivos esenciales como la caraota (poroto).
Para lograr esta meta de desarrollo, Paramérica S.A. no solo proveyó insumos, sino que movilizó a 120 especialistas tucumanos para capacitar a productores locales. Este servicio de formación y asistencia integral fue el componente principal del acuerdo.
Marcelo Ruiz Juárez argumentó enérgicamente en favor del rol de intermediación de Paramérica S.A. en la adquisición de equipos a fabricantes argentinos. Ante la pregunta de por qué Pdvsa Agrícola no compró directamente a los industriales, el empresario fue categórico: «hubo cotizaciones y los valores de Paramérica S.A. resultaban mejores».
Esta afirmación sostiene que la participación de la empresa tucumana garantizó que el Estado venezolano obtuviera precios inferiores a los que hubieran ofrecido directamente los fabricantes, lo que justifica su rol de gestor de suministros en el acuerdo. Ruiz Juárez insistió en que su empresa vendió «más barato que la fábrica».
Precios competitivos y justificación económica
Respecto a los cuestionamientos por sobrecostos, Marcelo Ruiz Juárez fue enfático en la justificación económica del rol de su empresa como intermediaria.
Marcelo Ruiz Juárez aseguró que, al actuar entre los fabricantes argentinos y Pdvsa Agrícola, Paramérica S.A. logró obtener valores más favorables para el gobierno venezolano. El empresario afirmó que la cotización final de la empresa tucumana fue «inferior a las ofertas que hicieron los fabricantes», lo que explica la decisión de la estatal de canalizar sus compras de maquinaria y repuestos a través de la intermediación de Paramérica S.A.
Un punto central en la defensa de Marcelo Ruiz Juárez es el historial de fiscalización de la compañía en el contexto de este proyecto.
El empresario destacó que, durante casi una década, Paramérica S.A. estuvo sujeta a «fiscalización permanente» por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) argentina. Ruiz Juárez afirmó que, pese al monitoreo, la AFIP «jamás encontró nada irregular» en el proyecto. Esta limpieza en su historial tributario, según la postura de la empresa, desvirtúa las acusaciones surgidas de la auditoría de la Sigen.
Finalmente, el empresario precisó que la conclusión del acuerdo no se debió a incumplimientos, sino a que la parte venezolana consideró que «podían seguir solos», lo cual valida el éxito en la transferencia de conocimiento técnico pactada al inicio del proyecto.
